Tras la conflictiva situación en Magallanes por las alzas al precio del gas, van apareciendo otros problemitas que atacan a las regiones. Y claro, en un país centralista como Chile, donde todo se estandariza a la medida de la capital nacional, las condiciones particulares de cada región quedan desplazadas a simples datos estadísticos.
Y es que al paro indefinido en Magallanes, que ya llegó a su fin tras los acuerdos logrados por la mesa negociadora y el Ministro Golborne, ahora Calama amenaza con salir a la calle con gritos y banderas negras si no se cumplen los acuerdos respecto a dejar en la comuna el 5% de las utilidades del cobre y una compensación por todos los años en que la ciudad no obtuvo ningún beneficio como zona productora, además de ser declarada zona extrema.
Yo mismo he bromeado con hacer de la II región estado federal. Seria genial para nosotros, todo lo del cobre para la región, además de potenciarnos aun mas como plataforma de negocios a nivel mundial, poder hacer alianzas estratégicas y económicas con argentina Bolivia y Perú. Un paraíso. Pero ¿y qué pasa con los miles de chilenos que se benefician con lo que produce esta región? ¿No sería poco solidario y muy egoísta acaparar todos los beneficios?
Entonces es aquí cuando un comienza a clamar por la descentralización del país, mayor autonomía para las regiones, IPC regional, mayor capacidad para celebrar contratos y convenios con otras Regiones y con privados para favorecer su crecimiento económico, estabilidad laboral, disminuir la pobreza y mejorar calidad de vida de sus habitantes.
Cuando echo mano a mi Constitución Política de la Republica y leo su artículo 3 inciso 2° encuentro lo siguiente: “Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.” Ahora ¿hay realmente esfuerzos por cumplir esta norma constitucional? Es una pregunta legítima cuando vemos que en el congreso duermen proyectos de ley respecto a elección popular de autoridades regionales como intendentes o gobernadores y cuando, en realidad, todo funciona desde el “centro” del país.
Entonces, lo que hay definitivamente detrás de todas estas revueltas ciudadanas, es una total negación del Gobierno (y de los anteriores) de reconocer la inexistencia de una verdadera agenda de descentralización, basada en las necesidades y virtudes de cada región, provincia o comuna. El ejecutivo y los parlamentarios deben abrir los ojos y comprender que cada ciudad del país tiene sus propios conflictos y oportunidades y por lo tanto, no pueden ser tratadas como iguales.
Desarrollo solidario y equitativo, y en el sentido más clásico de equidad, ese que indica que no se pueden tratar igual dos cosas que son desiguales, ergo, entre una región pobre y otra rica, debe favorecerse el desarrollo de ambas con la mayor igualdad posible, y para eso, hay que tratarlas de manera desigual.
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